El Tribunal Supremo aprecia una “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación planteado por un abogado de oficio.

La Sala Segunda anula la designación del abogado e insta el nombramiento de un nuevo abogado que ostente la defensa.

La sentencia objeto del recurso de casación fue dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de octubre de 2016, la cual condenaba al acusado a 12 años y medio de prisión por la comisión de un delito continuado de agresión sexual y a otros 3 años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. Pues bien, el acusado aun habiendo reconocido los hechos en el juicio oral solicita un abogado para hacerse cargo del recurso pertinente, siendo así que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid le asigna un abogado de turno de oficio.

De acuerdo con las consideraciones del Tribunal Supremo que anulan dicha designación al apreciar una “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que considera un “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. Es por ello que el Tribunal insta el nombramiento de un nuevo abogado que se haga cargo de la defensa.

Tal y como recoge el Auto dictado por el Tribunal Supremo, “la voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentación meramente formal o aparente de un recurso”, ya que “la específica actuación profesional desplegada, por desatender el análisis de la realidad fáctica y jurídica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisión de la sentencia condenatoria en los términos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado”.

“Solamente en los casos , como el que es objeto de esta resolución judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en términos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde”, afirma la Sala.

Por todo lo expuesto el Auto trae a colación la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declara que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazaría con convertir la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía.

En relación con lo anterior, los colegios profesionales de abogados, en orden a proteger el interés público, deben dar respuesta a las solicitudes de defensa de oficio y encauzarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitación y compromiso que, con sujeción a los mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Asimismo, recuerda que el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye a los colegios un control del desempeño de todo abogado así como la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubiera podido incurrir.

Para conocer más podrás acceder a la web del Poder Judicial

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