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El cese de los profesores interinos en verano se declara discriminatorio

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Se declara discriminatorio que los profesores interinos cesen en junio y sean contratados nuevamente en septiembre.

El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 11 de Madrid reconoce en favor del recurrente la antigüedad y los derechos económicos durante los periodos estivales.

Resulta trascendente el contenido de la Sentencia Nº 166/2017 dictada el 30 de mayo de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 11 de Madrid, el cual ha estimado parcialmente  el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 87/2017 seguido por el procedimiento abreviado.

En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución desestimatoria presunta del  Viceconsejero de Organización Educativa, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, del recurso de alzada interpuesto en fecha 29 de abril de 2016 contra la resolución de fecha 11 de mayo de 2016, en materia de reconocimiento de derechos y abono de los salarios de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 , 2014/15 y 2015/16.

Los hechos se resumen en que el recurrente, que pertenece al Cuerpo de Funcionarios Interinos docentes, habiendo prestado servicios en dicha condición para la Administración docente y cubriendo vacantes y/o sustituciones desde el 12 de febrero de 2007. Sin embargo, a partir de los cursos lectivos 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 y 2015/16, era cesado los días 30 de junio de cada uno de dichos cursos, siendo nuevamente contratado en septiembre, dejando de generar antigüedad a todos los efectos, sin percibir salario alguno correspondiente a los periodos estivales, dándose la circunstancia de que con anterioridad a dichos cursos escolares la fecha de cese de cada año siempre se prolongaba hasta el mes de septiembre u octubre.

La argumentación jurídica del recurrente se apoya en que la Administración va contra la doctrina de los actos propios. Asimismo se sostiene que el proceder de la Administración supone un claro agravio comparativos respecto a los funcionarios de carrera docente, dado que ejercen las mismas funciones durante los mismos periodos de cada curso escolar y fuera del mismo, vulnerándose el art. 14 de la CE, así como la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobra el trabajo de duración determinada.

La distinción entre personal funcionario y el personal temporal es puramente normativa y fundada en el régimen estatutario de la función pública que aparece como un sistema configurado legal y reglamentariamente y precisamente lo que señala la STJCE de 13 septiembre 2007 es que la cláusula 4, punto 1 , del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone al establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos que esté justificada por la mera circunstancia de estar prevista por una disposición legal o reglamentaria.

Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional mantenida en múltiples sentencias (203/2000, de 24 de julio 240/1999 de 20 de diciembre), resulta contraria a las exigencias del derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española, y supone una diferencia de trato entre una funcionaria interina y los funcionarios de carrera.

La actuación de la Administración supone una clara situación discriminatoria con respecto a los profesores funcionarios interinos de los profesores funcionarios de carrera, ya que ambos ejercen las mismas funciones durante los mismos periodos escolares, y, sin embargo los interinos son cesados el 30 de junio y nuevamente nombrados en septiembre del mismo año. Siendo así que el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Madrid estima y declara el derecho al reconocimiento de los derechos administrativos a efectos de antigüedad respecto de los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2011/12, 2012/13, 2013/14 y 2014/15, siendo en trámite de ejecución de sentencia donde se determinará el importe total adeudado.

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