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Gestación por sustitución, una maternidad en auge

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¿Es legal acudir a los “vientres de alquiler” en España?

La gestación por sustitución o maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida que parte del encargo realizado por una sola persona o una pareja, denominados padres intencionales,  a una mujer, denominada madre gestante, que, gratuitamente o a cambio de una contraprestación económica, se compromete a gestar, en sustitución de dichos padres, el embrión engendrado por ellos mediante fecundación “in vitro” o inseminación artificial, renunciando posteriormente a cualquier derecho que la misma ostente sobre el menor.

En el ámbito internacional, la maternidad subrogada recibe, desde un punto de vista legal, distinto tratamiento dependiendo del país al que se haga referencia, variando las posturas desde la prohibición (en España, Noruega, Alemania…) hasta la legalización de esta práctica siempre que concurran determinadas circunstancias (en Grecia, Rusia, Ucrania, Australia…).

La gestación subrogada en España se encuentra regulada en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, precepto en el que se declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución por el que la mujer gestante renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero, siendo irrelevante si media o no precio alguno, y estableciéndose que en dicho caso la filiación será adjudicada por el parto.

A lo anterior, conviene añadir que en el artículo 221 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se tipifica la conducta de quienes a cambio de dinero entreguen a otra persona un hijo, descendiente o menor, eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción, ello con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, con penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a diez años; asimismo, y con la misma pena, se castigará a los intermediarios y a quienes reciban a dichos menores, aunque la entrega se produzca en el extranjero.

Esta regulación de la gestación por subrogación en España, ha llevado a que los ciudadanos interesados en dicha técnica de reproducción asistida, acudan a otros países con un ordenamiento jurídico más laxo en la materia, para tras suscribir el contrato de maternidad subrogada con la mujer gestante y obtener la renuncia de ésta a la filiación del menor, regresen a nuestro país y soliciten en el Registro Civil español la inscripción de dicha filiación a su favor.

Por tal motivo, y en aras de proteger el interés de los menores, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó una instrucción en fecha 5 de octubre de 2010 para regular el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, permitió la inscripción del menor nacido en el extranjero por esta técnica de gestación subrogada, pero con las siguientes dos condiciones:

– Además de la solicitud de inscripción de nacimiento, se requiere resolución judicial dictada por el Tribunal competente del país de origen en la que se determine la filiación del menor, comprobándose por el encargado del Registro Civil que reúne los requisitos necesarios que permitan su reconocimiento y homologación en España, reconocible incidentalmente o mediante el procedimiento del exequátur.

– No se admitirá como título apto para la inscripción de nacimiento y filiación del menor, certificación extranjera o simple declaración, acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la madre gestante.

Dicha Instrucción fue objeto de recursos ante los órganos jurisdiccionales, por considerar que la inscripción vulneraba el ordenamiento español al ser la gestación por sustitución ilegal según nuestra legislación, sin embargo, fue ratificada de nuevo por el Ministerio tras una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 26 de Junio de 2014 (Asunto 65192/11 Mennesson c/ Francia), en la que se vuelve a reconocer la relación de filiación entre los menores nacidos mediante “vientres de alquiler” y los progenitores que han acudido a este método reproductivo, apelando siempre a la protección del interés superior del menor y a la igualdad de los mismos con independencia de cuál sea el origen de su filiación.

La regulación jurídica existente puede resultar insuficiente en ciertos casos,  ¿Qué medidas propondríais para regular estar materia?

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