El Tribunal Supremo establece que se puede dejar de pagar la compra de un coche tras múltiples averías.

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Procedemos a continuación a  realizar una síntesis de la Sentencia nº 700/2016 dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en fecha 24 de Noviembre de 2016, resulta interesante por cuanto reconoce el derecho a un consumidor a ejercer frente al empresario que le concede crédito, los mismos derechos que tuviera frente al proveedor que ha incumplido el contrato.

Pues bien, los hechos que dieron lugar a dicha sentencia son los siguientes: la compraventa de un vehículo nuevo a un concesionario oficial Renault, y para el pago de su precio, concertó en el mismo concesionario un contrato de préstamo de financiación con Renault Financiación. Sin embargo, desde la entrega del vehículo hasta que el comprador dejo de pagar el préstamo, el coche sufrió 43 averías.

Conviene extraer lo que evidencia la sentencia en relación a que “los extremos de la sentencia recurrente relativos a la inexistencia de reclamación del consumidor contra el proveedor del bien constituyen, más que fijación de hechos, juicios de valor. En esas circunstancias, es difícil admitir, porque resulta absurdo y carente de lógica, que el comprador no hiciera reclamación alguna al concesionario al que tenía que llevar su vehículo constantemente como consecuencia de las averías que se producían una y otra vez.

Pues bien, expuesto lo antedicho, el único motivo del recurso de casación se fundamenta al amparo del artículo 477.2.3 de la LEC por presentar interés casacional, toda vez que la sentencia impugnada, pese a confirmar el razonamiento del juzgador a quo relativo a que el préstamo y la compraventa son contratos vinculados, no aplica las consecuencias jurídicas pertinentes del artículo 14.2 de la Ley de Crédito al Consumo , por entender que esta parte no promovió pretensión alguna relativa a la nulidad del contrato de compraventa o, dicho de otro modo, no formuló reconvención siendo -a su juicio- preceptiva

En el desarrollo del motivo se afirma que la regulación de los contratos vinculados en la Ley de Crédito al Consumo no exige que el consumidor ejercite sus derechos por vía de acción o de reconvención, puesto que en la contestación a la demanda puede pedir su desestimación si alega la excepción de contrato defectuosamente cumplido.

Por ello el Tribunal Supremo reconoce en este caso, la posibilidad de plantear la excepción de contrato defectuosamente cumplido frente al financiador en el caso de contratos vinculados.

El contrato de préstamo para la financiación de la compra del automóvil concertado por las partes entra en el ámbito de aplicación de la Ley 28/1998, de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles (arts. 1.1 y 4.3 de dicha ley).

En el artículo 2 de esa Ley se prevé que « [l]os contratos sujetos a esta Ley que también se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, se regirán por los preceptos de esta última, en todo aquello que favorezca al consumidor». Los tribunales de instancia han considerado que el comprador y prestatario demandado tenía la condición de consumidor, por lo que para resolver el litigio es aplicable la citada Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, que era la vigente cuando sucedieron los hechos relevantes para determinar la normativa aplicable, y que había traspuesto al Derecho nacional la Directiva 87/102/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo.

Esta Ley ha sido sustituida por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, que traspone al Derecho nacional la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo.

La previsión de la Directiva 87/102/CEE se explica porque el consumidor que celebra estos contratos vinculados (adquisición del bien o servicio, celebrado con el suministrador, financiación del precio mediante un contrato de préstamo, crédito «u otra facilidad de pago similar» -art. 3.c de la directiva-, celebrado con el financiador) se coloca en una situación de mayor desprotección jurídica que la que tendría si adquiriera el bien o servicio pagando el precio a plazos, mediante un solo negocio jurídico celebrado con el suministrador, que en este caso financiaría el fraccionamiento y aplazamiento del pago.

Si el contrato de venta o prestación del servicio establece expresamente que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación, su eficacia quedará condicionada a la efectiva obtención de ese crédito (art. 14.1 de la Ley de Crédito al Consumo de 1995). Y si el bien o servicio no es entregado o lo es defectuosamente, si se cumplen ciertas condiciones, la ineficacia del contrato de venta o prestación de servicios determina la ineficacia del contrato de financiación (art. 14.2 de dicha ley) y el consumidor podrá ejercitar frente al financiador los derechos que le correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios (art. 15.1 de dicha ley).

En el supuesto objeto del recurso, la conexión funcional existente entre los contratos en los que ha intervenido el consumidor (compraventa del automóvil y préstamo para la financiación del precio) conlleva que no esté justificado dar un tratamiento autónomo a cada una de las relaciones contractuales conexas, como si se tratara de una realidad aislada del conjunto, como declaró esta Sala en anteriores sentencias. Se trata de fenómenos jurídicos que constituyen una unidad económica, que obedecen a una unidad de interés y de función, por lo que, a los efectos que en este recurso interesan, deben ser tratados de forma unitaria.

Los tribunales de instancia también han considerado que concurren otros requisitos exigibles para la aplicación del régimen previsto en dichos preceptos, en concreto que el bien objeto del contrato no era conforme a lo pactado, puesto que la cantidad y gravedad de las averías del vehículo (cuarenta y tres en algo más de dos años, veinte de ellas graves) son claramente impropias de un vehículo nuevo.

La previsión de que el consumidor puede ejercer frente al empresario que le concede crédito los mismos derechos que tuviera frente al proveedor que ha incumplido el contrato, consideramos que incluye tanto el ejercicio de acciones, de modo principal o mediante reconvención, como el planteamiento de excepciones frente a la reclamación por parte del financiador, pues de ambas formas se están ejercitando los derechos que para el consumidor resultan del incumplimiento contractual que ha sufrido.

En los tiempos actuales, no es admisible que un automóvil nuevo, que debe resolver las necesidades de movilidad de su usuario, se averíe desde el mismo momento en que sale del concesionario con la frecuencia con que lo hizo el adquirido por el demandado, de forma que más que una solución a las necesidades de movilidad se convierte en un problema para su propietario. Las sentencias de instancia han reconocido la existencia del defecto en el cumplimiento de la prestación principal del concesionario vendedor del automóvil y su gravedad. No hay duda de que, encontrándonos ante un contrato de obligaciones recíprocas, el concesionario cumplió de modo muy defectuoso su obligación principal, lo que facultaba al comprador del vehículo para solicitar la resolución del contrato y la indemnización de daños y perjuicios o, cuanto menos, oponer la inexigibilidad del precio en tanto no se le facilitara otro vehículo o se solucionaran definitivamente las reiteradas averías.

Por tal razón, el comprador estaba facultado para plantear, cuanto menos, la excepción de contrato defectuosamente cumplido para oponerse a la reclamación del resto del precio pendiente formulada por el vendedor, en caso de que este hubiera financiado la compra mediante el aplazamiento en el pago del precio. Por la misma razón, en virtud del régimen de los contratos vinculados previsto en los arts. 14 y 15 de la Ley de Crédito al Consumo (y actualmente, en el art. 29 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo), puede oponer tal excepción al financiador que reclama el cumplimiento del contrato de financiación vinculado al de compraventa, de modo que en tanto que no se le facilite un vehículo en condiciones o se solucionen definitivamente las averías del vehículo que se le entregó, no puede exigírsele el pago de la cantidad que resta por abonar en el contrato de financiación.

Procede por tanto, desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar el recurso de casación, contra la sentencia de 20 de enero de 2014, dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 35/2013.”

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