El Supremo anula una cláusula de Telefónica que obligaba a pagar a los clientes por un servicio que estaba prestando de forma gratuita.

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Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de una cláusula insertada en las facturas de los consumidores en la que informaba que el servicio de identificación de llamadas que estaba prestando de forma gratuita pasaba a ser de pago.

La sentencia reafirma el criterio de la Audiencia de Cantabria  a instancia de la Fiscalía, revocando una primera sentencia del juzgado de lo Mercantil de Santander favorable a Telefónica.  La Fiscalía además, interpuso una demanda ejercitando la llamada acción de cesación en defensa de intereses colectivos.

La cláusula anulada pasaba a ser aceptada por todo aquel que no manifestase lo contrario y establecía: “Informamos que a partir de la fecha 10 junio (en otros casos, 1 octubre de 2008) finaliza la promoción de gratuidad del servicio de identificación de llamadas, pasando a cobrar por el servicio de identificación de llamadas 0,58 euros”.

La fundamentación de la nulidad de dicha cláusula, según el TS, se encuentra en que “no suponía una simple modificación de las condiciones contractuales sino la contratación de un servicio nuevo”. Y ello en la medida en que supone una vulneración de los artículos 62.1 y 99.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Artículo 62.1: “En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato”.

Artículo 99.1: “En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación a distancia podrá considerarse como aceptación de esta».

“El problema radica en la gratuidad del servicio y en que no quedara constancia de que este servicio adicional, como tal, hubiera sido contratado previamente, pese a que se prestaba por la compañía telefónica”, recoge el TS en su sentencia.

Y añade a su argumentación que “fácilmente se ofertarían servicios gratuitos, no demandados por los usuarios que, más tarde, mediante el ardid de un cambio de modificaciones, se convertirían en servicios de pago, sin que el usuario hubiera prestado su consentimiento a la contratación del servicio o facilidad accesoria.

Dicho de otro modo, no debemos admitir la posibilidad de cobrar a un usuario de telefonía un servicio accesorio que no consta que hubiera sido aceptado de forma inequívoca”.

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